El curioso concepto de la accesibilidad en Cantabria: #accesibiliCAN

Este post me lo estoy haciendo encima desde que vi que desde Turismo de Cantabria abrió una sección en su portal llamada “Cantabria accesible“. Algo positivo a priori, ¿verdad? En esta comunida existe, desde 1996, una ley sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Sabiendo eso, y tras leer que “Aquí encontrarás información de todo tipo de recurso y alojamiento turístico que disponga de instalaciones adaptadas para personas con discapacidad en Cantabria” uno, iluso, espera encontrar lugares que cumplan con esos criterios que marca la ley cántabra, dado que este sitio web es el oficial dependiente del Gobierno de Cantabria. Lo dicho: un iluso.

Desde la calle hasta el interior del restaurante hay un sendero de piedra suelta que dificulta el tránsito a usuarios de silla de ruedas.

Para acceder al recinto donde está ubicado el restaurante hay una rampa descendente con pendiente superior al 10% de desnivel por lo que puede ser precisa la ayuda de tercera persona.

La entrada principal tiene una escalera con 14 peldaños de 10 cm de altura y pasamanos central a una altura de 82 cm. La entrada alternativa accesible es por un lateral del Palacio a través de una rampa con una inclinación superior al 20% de desnivel.

Son 3 ejemplos de 3 lugares “accesibles” de esta guía mostrada, recordemos, en una web institucional del Gobierno de Cantabria. En ella animan a todos los establecientos que quieran aparecer a enviar “una selección de hasta 6 fotografías donde se pueda apreciar las condiciones de accesibilidad del establecimiento o recurso turístico (rampas, baños adaptados, parking accesible…)”. Y ese envío debe hacerse… ¡¡a una dirección de correo de GMail!! (recordemos que estamos hablando del portal oficial de turismo del Gobierno de Cantabria). Y todo ello sin hacer mención alguna a la ley que he mencionado anteriormente ni a esta guía de accesibilidad en espacios públicos y edificación.

En serio: ¿para qué se aprueban las leyes? Yo entiendo, y apruebo, que una empresa privada haga una guía de accesibilidad “a su bola” y que en ella describan las diferentes características de los espacios porque no todos los discapacitados tenemos las mismas necesidades. Pero que un Gobierno se pase por el forro sus propias leyes y le ponga la etiqueta de “accesible” a establecimientos que no lo son, y describiendo solo las necesidades del colectivo de usuarios de sillas de ruedas (porque recordemos que personas invidentes o sordas, por poner un ejemplo, también tienen sus dificultades) me parece bochornoso y un insulto a los ciudadanos.

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